Un ‘banco de favores’ para ayudar a los ciudadanos venezolanos

En Santo Domingo de los Tsáchilas funciona una iniciativa novedosa para ayudar a los inmigrantes venezolanos.

Se trata del proyecto Banco de Favores, que apoya a los venezolanos que aún no cuentan con estabilidad laboral.

Este banco no funciona con dinero sino con tiempo. Es decir, los socios hacen favores a una persona a cambio de una ayuda o de un bien, como ropa, medicinas o alimentos.

30 extranjeros y 20 santodomingueños han participado en este banco. Ellos prestaron servicios de limpieza a casas, jardinería y arreglos eléctricos en 18 viviendas de familias de Santo Domingo.

Blanca Mendoza dio trabajo al venezolano Diego Salazar. Durante dos días él reparó la electricidad del patio de la casa y a cambio recibió ropa, desayunos y USD 30. “Al principio me dio miedo. Pero el joven fue muy profesional”.

Esa iniciativa es de Fabiola Sandoval, una exmigrante ecuatoriana que vivió más de 12 años en Murcia (España). Cuando llegó a ese país, al principio se le hizo difícil conseguir ayuda. La situación de la emigrante retornada era similar a la de los venezolanos; por eso ideó esta iniciativa.

Un día, mientras caminaba por Murcia vio el anuncio que decía: Banco del Tiempo. Este tipo de apoyo se presta en otras regiones españolas, según las páginas web.

Una española le explicó que al ser migrante podría ayudarle a conseguir trabajos ocasionales, para acompañar a adultos mayores, hacer compras o llevarlos al médico. A cambio las personas harían un trueque de dinero o enseres. Sandoval participó en esa propuesta.

En ese banco -dice- la capacitaron en primeros auxilios, en enfermería y en riesgos laborales. Llegó a cuidar a los hijos de otros migrantes para que ellos pudieran trabajar.

Lo hacía en sus ratos libres, porque con el tiempo consiguió un empleo estable que consistía en cuidar a un adulto mayor. “Muchas de las personas me pagaban con dinero y así podía pagar la renta”.

Hace cuatro años retornó a Santo Domingo para jubilarse. Cuando empezó a ver a jóvenes y adultos vendiendo ­dulces o jugos de naranja en los semáforos de Santo Domingo recordó sus primeros años en España.

En febrero decidió que debía ayudar no solo a los venezolanos sino a más de personas de escasos recursos de la ciudad tsáchila. Se asoció con Patricio Mosquera y empezaron el proyecto, que arrancó hace dos meses; ha dado ayuda a 30 venezolanos.

Mosquera es un abogado que reside en Quito y asesorará a los venezolanos en trámites de residencia, por ejemplo. En 15 días les dictará un curso sobre los derechos y responsabilidades que tienen en Ecuador.

En la actualidad están inscritas 200 personas, entre migrantes retornados, santodomingueños y venezolanos (ellos son 100).

Para inscribirse en el banco, las personas deben presentar su hoja de vida, en la que detallen estudios, trabajos anteriores y las fortalezas con las que podrían aportar al banco.

Salazar se inscribió hace un mes. En ese tiempo ha ayudado a familias a mantener los jardines de sus casas, limpia vidrios, hace revisiones eléctricas, entre otros oficios. A cambio ha recibido alimentos y USD 30, que envió a su hijo y esposa en Venezuela.

Sandoval visitó en el último mes a cinco empresas y a 20 familias de la provincia para que se sumen. “No necesitamos tener dinero. Lo importante es tener predisposición para ser solidarios con los demás”.

Martha Burbano se integrará a este proyecto el próximo mes. Ella tiene una papelería cerca de las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su idea es ayudar con copias e impresiones, debido a que muchas personas dejan de hacer trámites porque se les terminó el dinero. “Podemos hacer un trueque y ayudarnos”.

La Asociación de Migrantes Retornados en Santo Domingo señaló que esta idea será presentada en la Mesa Técnica de Movilidad, que se instaló en la provincia la semana anterior.

Ahí se analizará la situación que viven los venezolanos y se plantearán soluciones, como ferias donde se puedan vender productos artesanales, elaborados por venezolanos y migrantes retornados.

Fuente: El Comercio