El Gobierno de Daniel Noboa incluyó en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 la propuesta de crear tribunales militares especializados para procesar casos relacionados con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La iniciativa busca establecer salas especializadas dentro del Consejo de la Judicatura, reabriendo el debate sobre la justicia militar en Ecuador tras la eliminación de los fueros castrenses.
El Ejecutivo sostiene que la medida fortalecería la seguridad jurídica de los uniformados durante operaciones contra el crimen organizado, mientras expertos advierten que cualquier reforma deberá ajustarse a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.