Estados Unidos planea ampliar el cobro de multas migratorias a personas deportadas o que abandonaron voluntariamente el país.
El Gobierno de Donald Trump busca contratar una empresa privada que localice a estos migrantes en México, Guatemala y Honduras, les notifique sus deudas y gestione el pago.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), unos 66.387 inmigrantes tienen multas civiles pendientes, que en conjunto alcanzan aproximadamente USD 423 millones.
Las sanciones incluyen incumplimientos de órdenes de expulsión y pueden llegar actualmente a USD 998 diarios.
La medida busca extender fuera de Estados Unidos los mecanismos de recuperación de estas deudas.