La Asamblea Nacional analiza una reforma a la Ley de Inquilinato que busca regular el cobro de garantías en los contratos de arrendamiento en Ecuador.
Actualmente, la ley no obliga a pagar un depósito, pero es una práctica habitual acordada entre propietario e inquilino.
La propuesta establece que la garantía no podrá superar el equivalente a dos meses de arriendo y deberá responder a criterios técnicos relacionados con posibles daños al inmueble.
Además, se plantea agilizar el proceso para reclamar la devolución del dinero cuando existan conflictos, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a ambas partes.