La prefecta del Guayas y su homólogo de Los Ríos, Johnny Terán, cuestionaron la actuación de una jueza de Yaguachi, que favoreció con una acción de protección a una empresa privada y dispuso la suspensión de la ejecución del Paso Lateral Babahoyo-Jujan.
Susana González y Johnny Terán, prefectos de Guayas y Los Ríos afirmaron que una acción de protección concedida recientemente por una jueza de Yaguachi a favor de una empresa camaronera, no será impedimento para ejecutar la construcción del Paso Lateral Babahoyo-Jujan, una obra de interés nacional y de trascendencia para el desarrollo de ambas provincias.
Ambas autoridades provinciales cuestionaron la irregular actuación de la jueza Deida Verdezoto Gaibor, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Yaguachi, quien en su fallo favorable a la compañía Calademar S. A. dispuso como medidas cautelares la suspensión de esta importante obra.
Mencionaron que la construcción del Paso Lateral, que incluye un puente de 70 metros, está financiada por las dos Prefecturas y que su ejecución ha sido socializada con los habitantes del sector. Por esa vía pasa el 40 % de la carga portuaria que va a Guayaquil y la gran producción que se recoge de Santo Domingo, Pichincha, Manabí y otras provincias.
Susana González enfatizó que en este caso no existe ni legalidad ni legitimidad. “Este Paso Lateral es de vital importancia e interés nacional, y está sobre un interés personal o particular. “Estamos litigando como corresponde. Este dictamen no va a ser impedimento para que se atrase el desarrollo de una obra tan esperada”, sostuvo.
“Hay que dejar en claro que vamos a agotar las instancias y esto implica la importancia de poder hacer el llamado de atención a esta jueza que de manera temeraria va contra los intereses de todos los ciudadanos del país”, señaló la prefecta.
Johnny Terán aclaró que no han sido notificados con la sentencia, pese a que ya han trascurrido 10 días, lo que calificó de irregular. Asimismo, precisó que la Prefectura de Los Ríos presentó los alegatos jurídicos que permitan la revocatoria de esa decisión por parte de la Corte Provincial de Justicia.
El prefecto denunció que la empresa Calademar no cuenta con permiso de construcción, ni con licencia ambiental ni permiso de la autoridad para el aprovechamiento del agua, y que dicha compañía está desarrollando de manera inusual una camaronera en una zona netamente agrícola, donde se construirá la obra vial.
Recordó que la carretera E-25 ha tenido problemas de inundaciones en época invernal debido a la falta de drenaje ante el crecimiento de la infraestructura industrial, comercial y agrícola. “Esta camaronera que tiene 300 hectáreas y que cubre 2 Km de recorrido de la vía, va a afectar significativamente el comportamiento del próximo invierno”, advirtió.
Susana González, por su parte, señaló que la irregular actuación de la jueza Verdezoto atenta también contra la inversión que su gestión realiza en la ampliación a 4 carriles de la carretera Guayaquil-Durán-Yaguachi-Tres Postes-Jujan, que se une a un plan integral de desarrollo que une a Guayas con Los Ríos.
“Esta acción violenta todo el desarrollo que tienen y merecen las provincias de nuestro país. Por lo tanto, vamos a llegar hasta la última instancia y esta acción no para ni impide el progreso de la provincia ni tampoco del país”, enfatizó.
La prefecta también refirió que están trabajando en el desarrollo de una espiral de seguridad que permita tener preventivamente carreteras confiables que conectan a Guayas y Los Ríos. Nuestro planteamiento es tener vías seguras productivas, que acompañemos a los sectores productivos pequeños, medianos y grandes”, indicó.
“Lo justo sería tener ese Ecuador que teníamos, en un plan que funcionó hace algunos años con Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil, bajó la inseguridad al 2 %. Se trata de que la política de Estado garantice que las ciudades y las provincias nos unamos, pero con un plan, con una visión estratégica”, subrayó.
