El superintendente de Telecomunicaciones Fabián Jaramillo anunció este miércoles una reciente sanción a la operadora celular Claro por cobros incorrectos y errores en las aplicaciones de promociones, planes tarifarios y otros, por lo que deberá devolver a los usuarios cerca de $ 2,4 millones.
“Esta devolución será en mensajes, en otros servicios; pero si alguien ha dejado de ser usuario de la operadora podrá acercarse a esa empresa y solicitar que se les entregue en efectivo”, dijo el funcionario en una entrevista con la Radio La más Linda.
En su página web, la Superitendencia publica hoy que: “Luego de un extenso y arduo trabajo coordinado entre la Supertel y Claro, con una única finalidad de que los usuarios afectados sean compensados, la operadora procederá dentro de los siguientes 60 días a realizar los respectivos reintegros a todos los usuarios afectados”.
Claro no se pronunció hasta el mediodía.
Sobre el control del servicio de telefonía celular, Jaramillo contó que se realiza tomando en cuenta los 12 parámetros que antes se aplicaban pero con una diferencia en la división territorial: Hoy se divide el país en 12 zonas separando las ciudades de Quito y Guayaquil.
Lo que aspiramos, refirió, es que la misma calidad del servicio de las ciudades principales se la maneje en el resto del país.
Anunció que se ha implementado un sistema autónomo de medición de redes móviles (son estaciones fijas, transportables y móviles) que recoge información de los inconvenientes en todos los rincones del Ecuador y las reporta de inmediato. Este sistema opera 7 días de la semana por 24 horas al día.
También hizo un llamado a las autoridades de los gobiernos locales para que faciliten la instalación de las antenas ‘radio bases’ de las operadoras celulares. “Esto es elemento indispensable para garantizar la ansiada calidad y cobertura que todos queremos, lamentablemente las operadoras encuentran grandes dificultades en los gobiernos locales y vecinos que se oponen a la instalación de las antenas”, dijo.
Según el funcionario las operadoras les entregaron como prueba los documentos de los engorrosos trámites que deben cumplir en los gobiernos seccionales para lograr los permisos de instalación de antenas.
“Es un tema que lamentablemente lo vinculan con problemas de salud, pero les digo que como Superintendencia se realizan los controles y en ningún caso se permite que los aparatos superen la radiación ionizante que exige la Organización Panamericana de la Salud”, agregó el funcionario.
Fuente: El Universo