El Gobierno de España aprobó dos reales decretos-ley para enfrentar la crisis de vivienda, con medidas dirigidas a proteger a inquilinos, ampliar la oferta asequible y regular determinadas operaciones inmobiliarias.
Entre las disposiciones se contempla la suspensión de algunos desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, restricciones temporales para determinadas compras de viviendas por empresas y fondos, además de medidas fiscales.
El primer decreto fue publicado el 30 de septiembre y entró en vigor este 1 de octubre de 2026.
Ambos textos deberán ser debatidos y convalidados por el Congreso de los Diputados este viernes.