Cerca del 90 % de las 93.000 personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción, implementado en 2022 por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, no cuenta con una condena firme.
Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, se han registrado más de 10.500 sentencias definitivas.
La estrategia de seguridad ha reducido la criminalidad, pero también enfrenta críticas de organizaciones de derechos humanos por presuntas detenciones arbitrarias y más de 500 muertes en prisión.
Mientras tanto, Bukele evalúa liberar anticipadamente a unos 5.000 detenidos bajo determinadas condiciones.